JORDI LLISTERRI- CR La comunicación que realizó la Mesa del Parlament de Catalunya en la Fiscalía por la no comparecencia del cardenal Joan Josep Omella en la Comisión sobre la Pederastia en la Iglesia quedó archivada en tres semanas. Según ha podido saber Catalunya Religió, la Fiscalía no dio rienda suelta a la denuncia y consideró suficientes los argumentos expuestos en la Mesa del Parlament por el cardenal Omella cuando comunicó que no asistiría a la comisión. Por tanto, que no había motivo de sanción o recorrido judicial.
Este procedimiento ha afectado por igual al resto de personas que no comparecieron: el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes, el presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, Santiago Bueno, y el secretario canciller del obispado de Vic, David Gómez.
La Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia del Parlament citó como testigo a Omella a finales de enero en calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Española. El 6 de febrero la Mesa del Parlamento decidió informar de la incomparecencia del cardenal por entender que incumplía la obligación que fija el Reglamento del Parlamento. Tres semanas después de recibir la información, la Fiscalía archivó el caso sin hacer diligencia alguna y dio por buenos los argumentos que había expuesto Omella en la Mesa del Parlament.
Cuando fue citado el cardenal-arzobispo de Barcelona envió una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, exponiendo los motivos por los que no comparecía y que la decisión se había acordado con todos los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, "de forma unánime y expresa".
Omella se remitía a la jurisprudencia sobre el alcance y las limitaciones de las competencias de la investigación de una comisión parlamentaria para argumentar que no estaba obligado a comparecer en el Parlament aunque lo fije el Reglamento. Entre otros, recordaba la sentencia del Tribunal Constitucional que le limita las comisiones parlamentarias a dirimir la "responsabilidad estrictamente política que pudiera derivarse de una gestión deficiente o negligente del interés público". La carta también ofrecía al Parlament la información del trabajo hecha por la Iglesia en la prevención e investigación de los abusos a menores y los informes disponibles al respecto.
Con el final precipitado de la legislatura y la disolución del Parlamento, el mandato de la Comisión sobre la Pederastia en la Iglesia quedó sin efecto y no finalizó su plan de trabajo. Por eso, en su día no trascendió el archivo de la Fiscalía. Pero ahora esta decisión cobra de nuevo relevancia. La presidenta de la Comisión, la diputada de los Comunes Susanna Segovia, ya ha expresado la voluntad de reabrirla. Pero para ello se necesita una nueva mayoría parlamentaria e iniciar de nuevo los trabajos, ya que las comisiones de investigación no tienen continuidad de una legislatura a otra. Con la resolución de la fiscalía quedaría en cuestión si procede la citación de otros representantes de entidades eclesiales que ya estaban convocados y que no comparecieron porque se disolvió la comisión.
El pleno del Parlamento aprobó en abril de 2022 la creación de la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia. El plan de trabajo de la comisión no se aprobó hasta al cabo de un año y las sesiones se iniciaron en abril de 2023. En las sesiones que se realizaron comparecieron algunos de los representantes más mediáticos de las víctimas y varios expertos, que abrieron el foco de los abusos a menores en diversos ámbitos sociales y también cuestionaron el apoyo que da hoy la administración a las víctimas.
