Cabe destacar que se realizaron transferencias armamentísticas a países que vivían conflictos armados, como es el caso de la República Centroafricana, Chad, Filipinas, Colombia, Turquía, India y Pakistán. Por su parte, Estados que atravesaban situaciones de tensión o de vulneración de los derechos humanos, como Israel, Túnez, Egipto, Venezuela, Indonesia, China, Arabia Saudita, Guinea Ecuatorial e Irán, también compraron armas de procedencia española.
Incumplimiento de la legislación
Las acciones de venta de armas a países en conflicto armado o donde se vulneran los derechos humanos constituyen un incumplimiento de la legislación vigente en materia de exportación de armas por parte del Gobierno español, según contemplan tanto la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso 53/2007, como la Posición Común 2008/994/PESC.
En este sentido, gran parte de las exportaciones de armamento español son imposibles de precisar al ser calificadas como secreto de Estado, de modo que se desconoce el alcance real de la vulneración de la legislación española e internacional relativa al comercio de armas.
Finalmente, la falta de transparencia en el comercio de armas por parte del Gobierno español alimenta las dudas sobre el tipo de empresas que reciben el armamento. Que el Estado contribuya a la privatización de la guerra será una realidad en caso de que negocie con organizaciones militares y de seguridad privada como las que participan, por ejemplo, en los conflictos bélicos de Irak o Afganistán.
