¿Quien paga las infraestructuras?

(Salvador Clarós) Sumándose al sentimiento de indignación creciente, ha vuelto la controversia de los peajes en las autopistas catalanas en forma de llamamiento a la desobediencia: # novullpagar. La protesta de los que se niegan a pagar los peajes ha puesto en la agenda política un debate que no figuraba, probablemente porque la crisis económica la había relegado a la cola. Pero también porque la controversia, más allá de tocar la sensiblera fibra soberanista en boga, reabre el debate de la propiedad de las infraestructuras y los servicios básicos. La insurrección, que ha captado lógicamente cuota de pantalla durante unas semanas, forzando una toma de posición de partidos políticos, agentes sociales y gobierno incluido, no es tan seguro que provoque la reflexión y el debate social que merecería.

A la discriminación que se percibe en Cataluña en relación a otros territorios del Estado llenos de autovías gratuitas, hay que añadir otro agravio: la constatación de que el dinero público se ha malversado con infraestructuras innecesarias como aeropuertos regionales y líneas de ferrocarril de alta velocidad que por su baja utilización y elevado coste no se justifican desde la razonabilidad económica, y menos al lado de obras de máxima prioridad como la línea de alta velocidad a Francia que sufre retrasos inexplicables. Los catalanes, sin embargo, no nos libramos tampoco del desenfreno del despilfarro. El festival de polideportivos y pabellones feriales desproporcionados, junto con un crecimiento urbanístico devorador del territorio da fe de lo irracional y absurdo proceder de ciertas administraciones ...

Los euros invertidos por cada kilómetro de alta velocidad, de autopista y autovía han ido en detrimento lógicamente de otras inversiones necesarias que ahora se echan de menos como los transportes públicos, especialmente el ferrocarril de cercanías. Cataluña y España baten récords mundiales en kilómetros de autovías, autopistas y tren de alta velocidad por habitante. No nos corresponde encabezar estas listas. Mientras se destinaban millones en aeropuertos regionales innecesarios no se abordaban inversiones de gran calado por su trascendencia económica como el corredor mediterráneo de mercancías, ahora tan reivindicado. La conclusión es que se ha actuado como mínimo con falta de planificación y mal criterio a la hora de invertir.

Por otra parte, algunos en Cataluña han criticado fuertemente las inversiones hechas por el anterior gobierno tripartito en el programa de planificación del abastecimiento hidráulico que comportó, entre otras infraestructuras, la construcción de la desalinizadora de El Prat. Ciertamente que aquellas infraestructuras hicieron recaer una gran inversión sobre los hombros de la Agencia Catalana del Agua (ACA), es decir, la Generalitat, aunque también recibieron fondos europeos. Ahora el gobierno se propone privatizar servicios de gestión del agua en alta como ATLL con la excusa de que hay que disminuir el déficit. Pues bien, esta estrategia de concesionar la gestión del agua desde nuestros pantanos puede acabar dentro de un tiempo con otra protesta similar al "novullpagar", en este caso no la autopista sino el recibo del agua. Si hoy nos quejamos de unas concesiones que se alargan más allá de los razonables plazos de amortización de las autopistas en beneficio de empresas privadas, empresas que reparten dividendos, ¿qué no haremos cuando el encarecimiento sea de un bien básico y en beneficio del "listillo" de turno?

Esto nos debe hacer reflexionar sobre si es razonable pedir la gratuidad de los peajes. El rescate de los peajes que se pide, peajes a la sombra o bien peajes blandos, acaba repercutiendo sobre todos y no sólo sobre los usuarios. En consecuencia sólo se justifica si es para conseguir otros fines como la alta ocupación de los vehículos, la eficiencia energética, la disminución de emisiones contaminantes o por causas de movilidad obligada. Cuando no pagamos el peaje de la autopista lo hace la Hacienda Pública subsidiariamente. Al final, pagamos todos, y quien sale más perjudicado no es lo que pasa por la barrera, es aquel que no pasa pero también la sostiene tributariamente. ¡Qué injusto!

Por más que pueda ser tentador apuntarse a no pagar los peajes, esta es en mi opinión una actitud equivocada. El modelo de pagar por la utilización de las autopistas no es necesariamente malo: de esta manera no se traslada el coste de la construcción y el mantenimiento de las autopistas a los ciudadanos que no las utilizan sino que recae exclusivamente en sus usuarios, incluso todo aquellos usuarios que son extranjeros y que por tanto no pagan impuestos aquí, contribuyendo también a financiarlas. De hecho, es la política de la gratuidad lo que ha fomentado tal exuberancia de vías preferentes en la Península, bloqueando indirectamente el cambio de modelo de movilidad que tanto necesitamos ahora.Lo más realista es que el gobierno de España traslade al menos una parte del coste de la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras viarias preferentes a sus usuarios mediante peajes modulables para pagarlas y cambiar hábitos de movilidad. En la misma línea de actuación, la Generalitat ha de gestionar públicamente la distribución del agua en alta, adaptando las tarifas a la realidad de este recurso básico, que está de más y que tiene un coste creciente de gestión. Teniendo en cuenta que, a diferencia de las autopistas, el agua es un bien básico y estratégico, que por lo tanto debe tener el máximo control y protección pública.

Seamos conscientes de que las privatizaciones suelen llegar cuando no se ha actuado con realismo. Cuando se ha practicado una política tarifaria irreal por razones fundamentalmente de cobardía política y de no explicar las cosas a los ciudadanos. Al final el despropósito se suele acabar con el "rescate" por parte del capital privado. ¡Evitemos hacerlo si estamos a tiempo!

Salva Clarós es sindicalista